El Salvador ha emprendido acciones importantes para favorecer la inclusión financiera, no obstante, subsisten retos significativos para llevar sus beneficios a la base de la pirámide de la población y a las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE). Menos del 30% de la población tiene una cuenta en una institución financiera, porcentaje que resulta aún menor para el 40% más pobre, para la población rural o las mujeres. Asimismo, el 25% de las MYPE en el país identifican la falta de acceso al financiamiento como un obstáculo para su desarrollo, y más del 60% usa recursos internos para su financiamiento. 

El 15 de marzo de 2021, el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera realizó el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Inclusión Financiera aprobada por el Presidente de la República, Nayib Bukele. Esta Política, a ser desarrollada en el período 2021-2024, permitirá construir una ruta de trabajo para que los salvadoreños, principalmente aquellos de menores ingresos, puedan acceder y hacer uso de productos y servicios financieros.

A partir del lanzamiento de este documento, se da el punto de partida para ejecutar un plan de acción que busque mejorar las condiciones de acceso para las personas de menores ingresos, mujeres y las MYPEs. Para lograrlo, se requiere contar con un entorno adecuado que asegure el acceso equitativo de estos productos.

La promoción de los servicios financieros digitales constituye una prioridad en el diseño de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Los avances en las tecnologías permiten llegar con servicios financieros a poblaciones usualmente excluidas o sub-atendidas. De la misma forma, la inclusión financiera no es un fenómeno que ocurre por sí solo, requiere de esfuerzos específicos y coordinados entre los actores del ecosistema que se está articulando a través de esta Política.

La Política presenta una definición de inclusión financiera, su visión y objetivos, un breve diagnóstico de la situación en El Salvador, y la identificación de las áreas definidas como fundamentales para avanzar en la consecución de la inclusión financiera.

El documento de la Política es un esfuerzo coordinado por el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera, producto de Asistencias Técnicas y apoyos recibidos de organismos internacionales expertos en la materia, tales como la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.